Ante legisladores, la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho, defendió la permanencia de este órgano al aseverar que los juicios en los que se basa la propuesta de su desaparición son erróneos.
Advirtió que eliminar el de la Constitución que el ingreso y la promoción en la carrera docente se hagan por concurso pone en riesgo la transparencia en los procesos de asignación de plazas y propicia que en la educación intervengan intereses privados.
“¿Quién llevaría a su hijo enfermo con un médico que compró o heredó su plaza sin haber comprobado contar con la preparación necesaria?”, cuestionó.
“La evaluación educativa quedaría a la deriva de intereses políticos, partidistas o gremiales; prevalecerían los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos”, señaló.
Acompañada de los consejeros de la Junta de Gobierno del INEE, Bracho acudió a la Cámara de Diputados para emitir la opinión institucional de este órgano en el último día de audiencias públicas sobre la reforma educativa enviada al Congreso por el Ejecutivo federal.
Centró su participación en la propuesta de desaparición de este órgano, contra el cual, dijo, se ha impulsado una fuerte campaña de desinformación.
Indicó que la cancelación del instituto, se justifica -según la exposición de motivos de la Iniciativa del Ejecutivo- a que éste “se percibió como un instrumento persecutor para el magisterio”.
Denostó esa aseveración y cuestionó la pertinencia de cancelar un organismo con casi 17 años de vida “a causa de una supuesta percepción respecto de la cual no hay evidencia alguna. Ni de la percepción, ni del acto imputado”.
