Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, a los registros del Departamento del Tesoro, este sábado 8 de febrero.
La decisión responde a una demanda presentada por 19 fiscales generales demócratas contra la administración del presidente Donald Trump.
El fallo, emitido por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Engelmayer, sostiene que la administración Trump permitió de manera "ilegal" que el equipo de Musk accediera al sistema central de pagos del Tesoro, el cual gestiona reembolsos de impuestos, beneficios del Seguro Social y pagos a veteranos, entre otros datos financieros y personales de millones de estadounidenses.
Engelmayer ordenó prohibir el acceso a los sistemas de pago y otros datos del Tesoro a "todos los cargos políticos", "todos los agentes especiales del gobierno" y "todos los empleados del gobierno asignados a un organismo externo al Tesoro".
Además, dictaminó que cualquier persona que haya accedido a estos registros desde el inicio del mandato de Trump en 2017 debe destruir inmediatamente cualquier copia del material descargado.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, denunció que la medida podría utilizarse para interferir con fondos federales.
"Este grupo no electo, liderado por el hombre más rico del mundo, no está autorizado a tener esta información", declaró James, agregando que el acceso de DOGE podría bloquear pagos esenciales para atención médica y cuidado infantil.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección del secretario Scott Bessent, modificó sus políticas para permitir que el equipo de Musk accediera a los registros de pagos. Según la demanda, esto excede la autoridad de la agencia y viola leyes federales y el principio de separación de poderes.
ELON MUSK EN X
Por su parte, Elon Musk desestimó las críticas en su plataforma X, asegurando que DOGE está ahorrando millones de dólares a los contribuyentes al eliminar el gasto gubernamental innecesario. Musk encabeza los esfuerzos de Trump para recortar costos federales mediante esta iniciativa.
El fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó la situación como "la mayor filtración de datos en la historia de Estados Unidos". Según Tong, "DOGE es un grupo ilegalmente constituido de 'tecnócratas renegados' revisando registros confidenciales, datos sensibles y sistemas de pago críticos".
Mientras tanto, la administración Trump y el Departamento del Tesoro defienden el acceso de DOGE, argumentando que su misión es auditar el gasto público y detectar fraudes. Sin embargo, fuentes citadas por The Associated Press indicaron que la revisión comenzó con el objetivo de suspender pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una institución que Trump y Musk han buscado desmantelar.
El juez Engelmayer afirmó que los estados demandantes "enfrentarían daños irreparables en ausencia de una medida cautelar", citando el riesgo de divulgación de información sensible y el posible aumento de vulnerabilidad de los sistemas del Tesoro ante ataques cibernéticos.
El caso sigue en curso en la justicia federal, mientras legisladores demócratas han solicitado una investigación del Tesoro y sindicatos han presentado demandas adicionales para bloquear la revisión de los sistemas de pago del gobierno.
