Derivado de ello, sería un juzgado cívico el que se encargue de aplicar sanciones administrativas a los ciudadanos que infrinjan la ley, informó Víctor Ibarra Apodaca.
El lineamiento es una propuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y busca acabar con inconsistencias, fallas legales y deshonestidad por parte de jueces calificadores, dijo el regidor.
Actualmente, los presuntos culpables no cuentan con defensa legal y las multas se aplican de forma discrecional; incluso, jueces llegan a cobrar de forma directa, expresó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en Cabildo.
Con el nuevo modelo, los ciudadanos contarán con un abogado de oficio o la representación legal que ellos deseen; además, podrán apelar alguna sentencia, indicó.
Para que opere este esquema deberán realizarse algunos cambios dentro de la corporación, principalmente, capacitar a los elementos policiacos.
El modelo data de 2009, y aunque era una obligación implementarlo a nivel municipal, los antiguos alcaldes no lo hicieron, añadió.
El Secretariado Nacional requiere que para el 9 de septiembre se presenten los primeros avances y, por ser tan prematuro, Cabildo hizo un exhorto a la Federación para que se permita tener un mayor plazo, puntualizó.
