De acuerdo con la ley y con los delitos por los que fue acusado, Guillermo Padrés Elías nunca debió haber pisado la cárcel, ya que pudo haber enfrentado su proceso en libertad, mencionó Sandra Luz Montes de Oca.
Para la militante panista, la situación que vivió el ex gobernador de Sonora desde el 10 de noviembre de 2016 hasta el sábado, cuando un juez federal decretó su libertad, es una muestra de lo maleable que es el sistema de justicia en México.
Y es que, a pesar de haber ganado todos sus amparos, inclusive uno en contra de la imputación del delito de "lavado" de dinero, Padrés Elías fue ingresado al Reclusorio Oriente, mencionó la ex edil.
Durante ese tiempo se estableció que la procuradora Arely Gómez Gómez actuó con dolo al no enviar las declaraciones fiscales del ex mandatario sonorense, aun cuanto estas fueron entregadas en tiempo y forma, dijo.
Asimismo, en 2017, a nivel nacional las fiscalías anticorrupción fueron declaradas inconstitucionales, sólo en Sonora se mantuvo vigente este órgano, el cual emprendió actos en contra del ex gobernador, señaló.
Hay que recordar que Padrés Elías se entregó por su cuenta, a diferencia de los gobernadores priístas Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez, a quienes nunca se les trató igual, añadió.
En Sonora, Guillermo Padrés Elías no fue el único que presentó inconsistencias en la cuenta pública, dijo, pues en 2015, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) señaló anomalías por el monto de los 400 millones de pesos durante la administración de Rogelio Díaz Brown Ramsburgh.
Además, está el caso de quien comete una serie de horrores en contra de unos ejidatarios de Caborca para beneficio de una minera.
En un principio también se habló del represo del ex gobernador, añadió, pero otros personajes, como Ricardo Mazón Lizárraga, tienen propiedades con la misma infraestructura.
"Casos como esos demuestran la falta de imparcialidad y el no haber actuado conforme a derecho", expresó Montes de Oca.
En cuanto a la fianza que Padrés Elías pagó por su libertad, mencionó que en un principio se fijó un pago de 140 millones de pesos; sin embargo, la suma se reconsideró y el monto fue de 30 millones.
