Por: Fabiola NavarroSeñaló que las reformas en la materia, pretenden cerrar un círculo respecto a la defraudación fiscal y este delito se incluyó dentro de la Ley Seguridad Nacional, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como estandarte en su Gobierno la honestidad y el castigo a la corrupción.
“El tema de factureros no se inició solo, es un delito que lo realiza en sector privado, pero también el sector público. Por noticias nos enteramos que del cien por ciento de las facturas falsas que hay en nuestro país, básicamente el 60 por ciento se reciben o se consumen dentro del Gobierno o de partidos políticos”.
“Esto es algo bastante grave, porque los empresarios aprendieron a simular operaciones desgraciadamente del Gobierno. Los empresarios tomaron esta medida, porque dentro de los gastos que tienen prefieren pagar menos impuestos, en lugar de crear esa rentabilidad con estrategias, inteligencia y conocimiento de leyes”, mencionó.
En el caso de los contadores públicos dijo que deben tener sumo cuidado en delimitar sus funciones, ya que muchos de ellos tienen representatividad legal en las empresas y se meten en la operatividad de las mismas y debido a que la defraudación fiscal es ahora un delito de seguridad nacional, pudieran tener repercusiones legales que se pagan con prisión.
Quienes comentan este fraude por arriba de los 7 millones 800 mil pesos, enfrentarán su proceso en prisión preventiva, con penas de 2 hasta 9 años de prisión.
En el caso de servidores públicos, además de estas penas, serán inhabilitados de 1 a 10 años para ejercer un puesto dentro de la función pública.
Las penas pueden ser tanto para quienes emiten y venden las facturas falsas, como para quienes las compran, debido a que es un delito calificado como delincuencia organizada.
