Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, presentó el viernes pasado una controversia constitucional en la Corte, la segunda demanda contra esta ley, pues -previamente- la Ministra Norma Piña ya había admitido a trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de Oposición.
Las demandas en la Corte se suman a más de 200 amparos, muchos de ellos colectivos, que funcionarios de múltiples dependencias y órganos autónomos, entre ellos la propia Cofece, han presentado ante jueces de Distrito para impugnar la ley, sobre todo por el candado de diez años.
En su controversia, Cofece también impugna los artículos 1 y 4 de la Ley, que obligan a Poderes y órganos autónomos a "tomar las acciones necesarias" para dar cumplimiento y acatar dicha norma para "combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales".
También, cuestiona el artículo 16, que contiene ocho medidas de "austeridad republicana" sobre gasto público, entre ellas la prohibición de comprar o arrendar vehículos de más de 400 mil pesos, así como la prohibición de destinar recursos públicos para seguros de separación individualizada y de gastos médicos mayores.
