Agricultura comercial la más afectada, ¿dónde quedó la soberanía alimentaria?
Luz del Carmen Paredes
El recorte presupuestal al sector agropecuario pone en riesgo una parte importante de la economía nacional, así como la seguridad alimentaria que el país tiene como meta.
Productores del sur de Sonora hacen un llamado a los diputados federales para que respondan y modifiquen el presupuesto para el campo mexicano, a fin de garantizar el desarrollo y crecimiento integral del sector agropecuario en el país.
Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 contemplan reducciones sustanciales al campo, de 85 mil 499.4 millones de pesos que se ejercieron el 2018, para el 2019 se redujo el apoyo al campo a 70 mil 094.5 millones de pesos.
Para el 2020 se redujo aún más el presupuesto, autorizando un monto de 49 mil 209.2 millones de pesos, lo que representa una reducción de más de un 40%.
Para el 2021, la propuesta para el campo en el Presupuesto de Egresos de la Federación es de 49 mil 291.4 millones de pesos.
NI CON INFLACIÓN
Álvaro Robinson Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora (Aoass), subrayó que esto representa una verdadera reducción del presupuesto, que no alcanza siquiera para actualizar la inflación del último año.
El presupuesto para la agricultura comercial prácticamente viene en cero, resaltó, lo que es preocupante, pues como gobierno tienen que garantizar el crecimiento integral del campo.
“Desaparece el apoyo a la agricultura comercial, que es la que produce los alimentos, entonces ¿dónde queda la soberanía alimentaria?”, cuestionó.
Además, se compite con países como Estados Unidos y Canadá, donde las condiciones para producir no son las mismas, pues ellos están subsidiados por el gobierno, mientras que en México cada vez sale más caro producir, apuntó.
Los diputados tienen un gran trabajo, ya que el presupuesto debe impulsar el crecimiento del campo y por ello tiene que incluir los adeudos comprometidos por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que a nivel nacional asciende a mil 400 millones de pesos.
Esos recursos incluyen el Incentivo complementario al ingreso objetivo de trigo panificable ciclo 2018-2019; Incentivo complementario al ingreso objetivo correspondiente al cártamo ciclo otoño-invierno 2017-2018; y Apoyo emergente para el cártamo ciclo 2018-2019, en beneficio de productores afectados por las heladas registradas en diciembre de 2018.
INTERESES DEL CAMPO
Miguel Ángel Castro Cosío, secretario general de la Unión General, Obrero, Campesina y Popular (Ugocp) exigió una respuesta de los diputados para que defiendan los intereses de los hombres y mujeres del campo mexicano, “Es momento de fajarse los pantalones y responder a la demanda de los productores, modificando el presupuesto para garantizar el sustento a los encargados de producir los alimentos”, puntualizó.
De lo contrario, se está poniendo en riesgo esta actividad generadora de alimentos empleos y divisas. “Se pone en riesgo la soberanía nacional, pues el próximo año estaremos inmersos en una grave crisis económica y alimentaria y se abrirá la puerta a la importación al dejar de producir alimentos”, indicó.
No se puede dejar a este importante sector a la deriva, el gobierno federal tiene que cumplir y aplicar los recursos para sostener el crecimiento del sector y ser competitivos. “Buscar los esquemas para acabar con las diferencias que existen con los apoyos que reciben los productores de otros países”.
PEGA AL AGRO
Mario Alberto Pablos Domínguez sostuvo que la reducción al presupuesto de egresos pega al sector primario con producción de consumo a mayor escala, que también pagan sus impuestos y generan fuentes de empleo.
El presidente del Grupo Tres Valles lamentó que el actual gobierno no enfoque los recursos al fortalecimiento del sector agropecuario en su totalidad y se privilegie a los productores de autoconsumo, cuando por ley, tiene que implementar programas que beneficien a todos los sectores.
Se debe apoyar a todos, como lo establece la ley. “La agricultura comercial no está atendida y no solo eso sino que acabó con instituciones que daban certidumbre al productor y no hay una política agropecuaria”, estableció.
Llamó a los diputados a defender los intereses del campo, con mayor presupuesto, pues es momento de crear leyes más justas y equitativas que sirvan a la sociedad en su conjunto.
Que se aplique la Ley de Desarrollo Sustentable para poder avanzar. Se tiene que exigir un presupuesto más justo para los sectores productivos primarios, y conjuntamente productores del sector social, colonos y privados alzan la voz para reclamar los apoyos que corresponden a la actividad agropecuaria, concluyó Pablos Domínguez.