Dos dependencias de la administración federal de Enrique Peña Nieto son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) debido al excesivo gasto de 52 mil 750 millones de pesos provenientes Gastos de Seguridad Pública, una partida secreta del presupuesto, cuya fiscalización es difícil de comprobar.
Las secretarías que son investigadas son la extinta FGR, a cargo entonces de Jorge Murillo Karam, y Gobernación (Segob), de Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete.
A estas dos dependencias distintas instancias del Estado le han señalado irregularidades, así como posibles desvío de millonarios recursos.
La partida investigada es la 33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional, que empezó durante el gobierno de Felipe Calderón y cuyos recursos, en los dos últimos años, fue de 5 mil 500 millones de pesos, pero que en los 2 últimos de Peña Nieto ascendió a 21 mil 500; sin embargo, en la actual administración volvió a su partida inicial.
La mayor parte del gasto fue para la Policía Federal (PF), Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y Prevención y Readaptación Social, dependientes de la Segob, dirigida de 2013 a 2017 por Osorio Chong y al cierre de la administración peñanietista, por Navarrete, instancias de las que se gastaron recursos que no tenían carácter de urgencia ni de confidencialidad.
El gasto realizado por estas fue de 40 mil millones de pesos, pero la más recursos consumió fue la PGR de Murillo Karm, que disparó los gastos a 6 mil 817 millones de pesos; detrás está la Secretaría de Marina (Semar), que contrastó con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que sólo gastó 134 millones de pesos.
De la extinta PGR, entre 2013 y 2014 la división Asuntos Internos gastó 102 millones de pesos que no justificó, pues se detectaron movimientos cuyos gastos fueron reservados, pero no justificados.
Cada uno de estos movimientos eran ingresos de aproximadamente 5 millones de pesos y retirados en efectivo cada 2 o 3 días.
El gasto que en 2011 inicialmente hacía esta división era de 600 mil pesos; sin embargo, fue creciendo, pues el 2013 llegó a 73 millones y al año siguiente fue de 71 millones de pesos, un aumento exponencial; sin embargo, ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) pudieron acceder a la información respecto a en qué se gastó tanto, pues Asuntos Internos no tuvo resultados.
Según funcionarios de la FGR de Murillo Karam, el gasto se debió a contratación de personal y el incremento en los casos atendidos, pero no hubo pruebas que sustentaran la justificación.
Estas irregularidades en la Procuraduría ocurrieron durante el periodo de Jesús Murillo, quien dejó el cargo tras la “verdad histórica” de Ayotzinapa, pero que junto con la Segob gastó más de 52 mil millones de pesos derivados de una partida de la que no se fiscalizó nada y por lo cual ahora son investigadas.
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